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El pasado martes 25 de enero se desarrolló la audiencia de Control de Acusación de la denuncia por el asesinato de Pedro Huilca Tecse, exsecretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) que fue victimado por el Grupo Colina el 18 de diciembre de 1992. Por este crimen han sido acusados Vladimiro Montesinos Torres y exmiembros de este grupo paramilitar.


Como se recuerda, la audiencia de Control de Acusación tiene como objetivo verificar que los aspectos formales de la acusación fiscal estén en regla. Sin embargo, los abogados de los acusados Julio Salazar Monroe, entonces Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN)– y Juan Rivero Lazo, entonces jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINTE), no la realizaron.

Por ejemplo, ambos letrados se empeñaron en asegurar que sus patrocinados son inocentes y que no hay elementos para acusarlos como autores mediatos del asesinato de Pedro Huilca Tecse. La defensa de Salazar Monroe aseguró que no se han señalado las normas donde se precisan las funciones del SIN, mientras que la defensa de Rivero Lazo se adelantó en asegurar que su patrocinado no era jefe de la DINTE en la fecha del asesinato de Huilca.

Hernán Barrenechea, abogado de la Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH), institución a cargo de la defensa de los familiares de Pedro Huilca, absolvió estos cuestionamientos y aclaró que lo observado por la defensa de los acusados son “temas de fondo” que se irán resolviendo durante el desarrollo del Juicio Oral “con la actuación de los medios de prueba”.

Los jueces de la Sala Penal Nacional dejaron al voto estos cuestionamientos de los abogados de los exmiembros del Grupo Colina, por lo que resolverán si estos no tienen ningún sustento y programen el inicio del Juicio Oral, o, caso contrario, soliciten al Ministerio Público que corrija su acusación.


Los hechos

Una de las últimas apariciones públicas de Pedro Huilca Tecse fue a inicios de diciembre de 1992 en la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE), donde aprovechó este foro para desaprobar las medidas en materia de derechos de los trabajadores del entonces presidente Alberto Fujimori. Pocos días después, el 18 de diciembre de 1992, fue acribillado frente a la puerta de su casa por miembros del Grupo Colina.

El caso, al no alcanzar su esclarecimiento y sanción en la justicia peruana, llegó al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El 3 de marzo de 2005, la Corte de San José reconoció la falta de justicia y el profundo impacto que tuvo el asesinato de Pedro Huilca en el movimiento sindical peruano, por lo que ordenó al Estado peruano investigar estos lamentables sucesos con el fin de identificar, juzgar y sancionar a los autores materiales e intelectuales de esta ejecución extrajudicial.

 

Con información de COMISEDH

Imagen: COMISEDH