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La comunidad shipibo konibo de Cantagallo fue víctima de un incendio que dejó aproximadamente 500 familias damnificadas. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos responsabiliza a la Municipalidad de Lima y al alcalde, Luis Castañeda, por cancelar la reubicación de la comunidad que lleva cerca de 16 años ocupando "momentáneamente" un terreno que era relleno sanitario.

 

En un extenso pronunciamiento, la organización de derechos humanos afirmó que "esta tragedia tiene un único y gran responsable político: la Municipalidad Metropolitana de Lima y su alcalde Luis Castañeda Lossio, que negaron su reubicación digna, responsable y consensuada prevista en el proyecto Río Verde, para destinar los recursos previstos a la construcción del cuestionado by-pass de la Av. 28 de Julio".

La CNDDHH recordó que en 2009, se procedió a la suscripción del contrato de concesión del proyecto “Vía Parque Rímac”, antes Proyecto Línea Amarilla. Para realizar el proyecto "Vía Parque Rímac" era necesario reubicar  a la comunidad de Cantagallo a partir de la imposición inconsulta de este proyecto. Con el paso del tiempo, el proyecto recortó el área de la comunidad y ocasionó el aumento del hacinamiento. En el año 2011 la Municipalidad de Lima, ya bajo la gestión de Susana Villarán, inició un proceso de diálogo con la comunidad para lograr la reubicación de Cantagallo con el amparo del Convenio 169 de la OIT. Este proceso logró que se incluyera en la reubicación a la Escuela Intercultural Bilingüe, que es la única escuela intercultural en Lima reconocida por el Estado. Finalmente, se logró que en el 2013 se cree un fideicomiso para la realización del proyecto "Río Verde" y obras de integración urbana, por el cual se trasladaría a la comunidad Cantagallo a un lugar con mejores condiciones de vida. 

En el 2015, la Municipalidad de Lima, bajo la gestión de Luis Castañeda paralizó la reubicación de la comunidad Cantagallo mediante la modificación del master plan del proyecto “Río Verde” donde destinó el dinero del proyecto a otras obras de "integración urbana". Con el dinero que habría permitido la reubicación de la población de Cantagallo se construyó el polémico by-pass de 28 de julio.

Jorge Bracamonte, secretario ejecutivo de la CNDDHH lamentó que "el incendio arrasó con todo: sus viviendas, pequeños comercios, talleres y sus esperanzas. Las condiciones de precariedad en las que el Municipio de Lima ha colocado a esta comunidad, la falta de servicios básicos, la pobreza, todo ha sumado a la tragedia. Esto requiere de una investigación seria e inmediata".

Diversas iniciativas se han hecho presentes en las redes sociales para recolectar donaciones para la comunidad de Cantagallo.

Ver pronunciamiento aquí: http://bit.ly/2f2B3D8

 

Foto: Anthony Niño de Guzmán/Perú21