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El pasado 17 de mayo, autoridades de la comunidad nativa awajún de Supayaku, en San Ignacio, Cajamarca, se presentaron en la sede del Quinto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima para sustentar la demanda de amparo contra proyecto minero por violación del derecho a la consulta previa así como el derecho a vivir en un territorio y medioambiente sano y equilibrado.

 

A la audiencia asistieron, como demandantes, los representantes de la comunidad nativa awajún, el Apu Rodolfo Akintui y el Presidente de la Organización Fronteriza Awajún de Cajamarca (ORFAC),  Albercio Bazán, cuya defensa legal realizó el abogado David Velazco Rondón de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz). En representación de la parte demandada asistió el Procurador Público del  Ministerio de Energía y Minas.

 

Peces muertos en el río

Albercio Bazán, presidente de ORFAC, explicó que ellos decidieron demandar ante la extrema preocupación por la aparición de peces muertos en el Río Chirinos, uno de los afluentes de la cuenca hídrica del territorio del pueblo awajún Supayaku. “Nadie sabe lo que hemos pasado durante dos años, sin comer pescado, sin poder bañarnos, lavar, ni pescar en el río, lo que sienten nuestras madres y niños. Aquí tienen supermercado, nuestro mercado es el río”, manifestó Bazán.

El abogado David Velazco argumentó que el pueblo de Supayaku tiene derecho a la consulta previa por ser parte del pueblo indígena y originario awajún y por estar reconocida en la Base de Datos del Ministerio de Cultura. La titulación de la comunidad nativa data del año 1977. Por otro lado, el abogado de FEDEPAZ señaló que Supayaku es una comunidad adyacente al proyecto minero Yagku Entsa, de la empresa Águila Dorada, y pide que sea considerada como zona de influencia así como la comunidad nativa de Naranjos. El límite natural de ambas comunidades nativas es el Río Chirinos.

El abogado especificó que solicitan “la nulidad de la resolución de aprobación del proyecto de exploración Yagku Entsa que autoriza el inicio de actividades de exploración, la nulidad de la resolución de aprobación automática de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) presentado por Exploraciones Aguila Dorada SAC y la suspensión de las actividades de dicha empresa”.

 

Los proyectos mineros se comunican a través del diario oficial

La Procuraduría Pública del Ministerio de Energía y Minas, parte demandada, alegó que dicha demanda era improcedente puesto que la comunidad no refutó la aprobación de la DIA. Al respecto, el juez informó que el procedimiento es posible solo si la comunidad tiene conocimiento acerca del proyecto minero. Frente a ello, Procurador señaló que “todo se publica en el Diario El Peruano”; además, desestimó los resultados de un informe que realizó el Laboratorio Regional del Agua del Gobierno Regional de Cajamarca donde se confirma la contaminación de las aguas del Río Chirinos. “Bueno, pero sabemos quién es el Presidente Regional de Cajamarca y su posición frente a la minería”, expresó el Procurador.

Frente a ello, los representantes awajún y el equipo de FEDEPAZ consideraron que es "irresponsable" considerar que "la publicación en un diario oficial y de circulación limitada, es un medio idóneo para explicar el impacto de un proyecto minero en los territorios de una comunidad nativa (...) Asimismo, el ligero y suspicaz comentario sobre el informe del Laboratorio Regional del Agua de Cajamarca, como si el Presidente de esta región fuese el responsable del análisis de muestras de agua".

Finalmente, los demandantes cuestionaron el accionar de la empresa minera Exploraciones Águila Dorada SAC por no informar responsablemente el impacto real de sus operaciones en territorio habitado por pueblos indígenas.

Con información de FEDEPAZ

Foto: FEDEPAZ