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En conferencia de prensa, representantes de la Coordinadora Keiko No Va anunciaron la fecha de la segunda marcha contra Keiko Fujimori y plantearon propuestas sobre problemáticas que debería trabajar el próximo gobierno. A la conferencia de prensa asistieron familiares de los casos Barrios Altos, Estudiantes Desaparecidos del Callao y Cantuta.

 

Jorge Rodríguez, miembro de la Coordinadora Keiko No Va, anunció que la segunda marcha nacional contra la candidatura de Keiko Fujimori se realizará el 31 de mayo y la concentración será en la Plaza San Martín. Además, el activista también presentó la “Agenda de Cara al País”, un documento elaborado por las organizaciones que integran la Coordinadora Keiko No Va. El documento contiene 7 puntos que proponen defender la independencia de los poderes de Estado, justicia, respeto a los derechos humanos, la no criminalización de la protesta, entre otros.  Rodríguez invitó al candidato Pedro Pablo Kuczynski a recoger las demandas planteadas en la agenda.

"Para nosotros, los familiares de las víctimas de la dictadura, resulta indigno saber que la hija de Alberto Fujimori pueda ser presidenta del país. No solo nos llena de vergüenza sino también nos preocupa que como peruanos hayamos olvidado lo que significó la dictadura de Fujimori no solo la muerte y desaparición de nuestros familiares, sino por los años de impunidad y las 2 leyes de amnistía que se dieron en el año 1995 para garantizar el olvido y la impunidad para los asesinos del Grupo Colina", dijo Gisela Ortiz, familiar del caso Cantuta. Además, Ortiz enfatizó que "si bien es cierto que Keiko Fujimori no es Alberto Fujimori, es su hija, pero ella fue la primera dama y parte de un gobierno de dictadura. (...) Los familiares de las víctimas no pondremos en peligro los pocos logros que tenemos en los casos de violaciones de derechos humanos y por eso le decimos al fujimorismo nunca más".

Por otro lado, Jorge Bracamonte, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, criticó que Keiko Fujimori no haya condenado explícitamente el autogolpe del 5 de abril; asimismo, advirtió que “estamos ante un inminente peligro” debido a la concentración de poder que obtendría Keiko Fujimori ya que su partido ocupará 73 de los 129 escaños del Congreso. “Tenemos el deber ético de impedirlo”, expresó Bracamonte.

 

Foto: CNDDHH