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Las mujeres esterilizadas forzosamente en la provincia cusqueña de Chumbivilcas llegaron a Lima para pedir una nueva investigación tras resolución de archivamiento de la fiscal Marcelita Gutiérrez. La resolución se emitió durante la celebración por fiestas patrias y la parte afectada denunció no ser notificada.

 

El Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS), organización que apoya legalmente a las mujeres esterilizadas forzosamente, manifestó que han acudido a un recurso donde solicitan al fiscal superior que se realice una nueva investigación del caso ya que afirman que hay intervención política. “Si hay un sesgo. Ella (la fiscal Marcelita Gutiérrez) nunca investigó para demostrar que fue un crimen de lesa humanidad”,  señaló María Ysabel Cedano, directora de DEMUS.

Los casos de esterilizaciones forzadas vienen de diferentes zonas del país y son muy alejadas.  “Siendo de diferentes lugares fueron acosadas bajo el mismo patrón, les mentían con que habían leyes para castigarlas quitándoles la educación a sus hijos o que iban a pagar impuestos”, expresó Cedano quien también señaló que la fiscal sostiene que se trata de delitos individuales cuando se trató de una política de estado.

 

Ellas esperan justicia

A Celia Ramos le ofrecieron educación y alimentos para sus pequeñas hijas a cambio de dejarse esterilizar. Ella aceptó pero el personal de salud de su localidad le hizo una intervención quirúrgica mal hecha.  Celia estuvo 20 días en coma y luego falleció. Su hermano, Alfonso Ramos, denunció los hechos ante la fiscalía de Piura pero su caso fue cerrado en 3 meses. Él cuenta que al esposo de Celia le ofrecieron dinero para que no insista con la denuncia pero ellos siguieron adelante.

Un grupo de mujeres de la provincia cusqueña de Chumbivilcas también contó en quechua su desgarradora experiencia entre llanto. Las mujeres recordaron que las engañaban afirmando que sus hijos se quedarían sin educación gratuita si ellas no se dejaban operar. Además, cuestionaban que las busquen para esterilizarlas cuando apenas tenían entre 21 y 24 años de edad.

Ellas preguntaban al personal de salud, que acudía permanentemente a sus casas, si les dolería la intervención y les dijeron que no; sin embargo, a muchas de ellas no se les aplicó suficiente anestesia y no solo sintieron la operación sino que sufrieron de fuertes dolores posteriormente.

“Me trajeron al Cusco con mi hijita de 6 meses, mi esposo no estaba. Me alistaron para operarme y me dijeron que cuente uno, dos tres pero la anestesia no me agarraba y así me operaron, con mi hijita llorando ahí (…) Me dolía tanto que no podía ni dar de lactar a mi hija (…) Cuando no complacemos a nuestros esposos ellos buscan a otra mujer y eso destruye nuestros hogares” ”, contó entre llanto una de las afectadas.    

 

Caso archivado por una investigación parcializada

El día miércoles 27 de julio la Fiscalía trabajó oficialmente hasta la 1 de la tarde y la prensa informó sobre el archivamiento de los casos de esterilización forzada por la tarde. Sin embargo, DEMUS, la familia de Mamerita Mestanza, Celiia Ramos, así como Victoria Vigo no recibieron ninguna notificación sobre la decisión de la fiscal hasta el día lunes 1 de agosto. La organización y sus patrocinadas se enteraron a través de la prensa y las redes sociales, hecho que generó indignación entre las afectadas.

“La decisión de la fiscal Marcelita ha sido influenciada políticamente”, dijo Alfonso Ramos, hermano de Celia, quien perdió la vida luego de ser esterilizada. Aunque la resolución de la fiscal no es un archivamiento definitivo, según expresó Milton Campos, abogado de las mujeres afectadas, ello significa que no se han tomado en cuenta numerosos documentos y evidencias que presentaron las afectadas. “Creemos que la fiscal ha incumplido su deber al no investigar (…) Pedimos al fiscal superior examinar toda la información que hay y emita una resolución que permita la oportunidad de volver investigar”, pidió el abogado de la parte afectada.

 

DEMUS presentó un recurso donde expresan no estar de acuerdo con la resolución de la fiscal Marcelita Gutiérrez y solicitan otra resolución que permita realizar una nueva investigación que contemple la documentación no valorada por Gutiérrez.