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​La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y el Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS) alertan de que esta ampliación es “innecesaria y peligrosa” pues podría perpetuar la impunidad que rodea al caso desde hace más de 14 años.

 

La CNDDHH, DEMUS y otras organizaciones sociales rechazaron la ampliación por 150 días para que la fiscal Marcelita Gutiérrez siga investigando el caso de las esterilizaciones forzadas  por cinco meses más pues consideran que existen suficientes indicios para poder formular una denuncia. Frente a ello, las organizaciones impugnarán esta decisión.

Durante el segundo gobierno de Alberto Fujimori se aplicó el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar donde, según cifras oficiales, se esterilizaron a 314 305 personas de forma irregular y forzosa. En el 2002 empezó la investigación de los casos de esterilizaciones forzadas y en el 2003 el Estado admitió responsabilidad por la muerte de Mamérita Mestanza.

Recientemente, parlamentarios europeos enviaron una carta al presidente Ollanta Humala donde manifestaron su preocupación por la lentitud en la judialización de los casos y manifestaron estar a la espera de más avances antes que finalice su mandato presidencial.

 

 Innecesaria ampliación

Jessenia Casani, directora de DEMUS, manifiestó que “la ampliación perpetúa la impunidad en estos casos, pensamos que hay medios probatorios necesarios para que la fiscal se pronuncie y establezca la denuncia penal de estos casos como delitos de lesa humanidad”. Casani añade que la cantidad de días es excesiva para hacer la labor de investigación en las regiones Loreto y Huánuco, pues ese fue el argumento de la fiscal Marcelita Gutiérrez para ampliar la indagación.

“Hemos buscado justicia desde que mi hermana murió hace 19 años”, cuenta Alfonso Ramos, hermano de Celia Ramos quien murió a causa de la intervención quirúrgica que la dejó estéril. Y es que a Ramos también le indigna que la fiscal solicite más tiempo de investigación sobre los hechos que cobraron la vida de 18 personas y que se demore en llegar la justicia. “Mi hermana falleció, ya no está y ese es un hecho real”, enfatizó Ramos.

“Existen todos los elementos necesarios para poder pasar a la siguiente fase. La fiscal ha tenido un plazo de nueve meses para investigar, lo cual se considera un plazo más que suficiente y prudencial para que puedan tomar una decisión. Hay suficientes indicios para que pueda formular denuncia contra  Alberto Fujimori y sus exministros de salud Alejandro Aguinaga, Eduardo Yong Motta y Marino Costa Bauer”, afirma Milton Campos, abogado de las víctimas.

 

Suficientes medios probatorios

Por otro lado, el abogado afirmó que "existen suficientes medios probatorios" que demuestran responsabilidades en el caso. En el expediente fiscal está acreditada la actuación del Gobierno en los casos de esterilizaciones forzadas debido a las comunicaciones constantes entre el entonces Presidente Fujimori y sus viceministros  para conocer de manera periódica y mediata los avances del programa de Salud Reproductiva y  Planificación Familiar.  “En el expediente también hay notas escritas del puño y letra de Fujimori haciendo observaciones al programa, pidiendo que se incrementaran los pagos al personal médico”, precisó Campos.

Otra de las pruebas que refiere el abogado son las declaraciones del personal de salud donde afirman que recibían llamadas telefónicas desde la asesoría del despacho presidencial pidiendo el récord de ligaduras y vasectomías realizadas.  Además, también figuran las comunicaciones de parte del exmandatario al Congreso para que modificara la Ley de Población con el único objeto de conseguir que los métodos quirúrgicos sean considerados métodos de planificación familiar.

 

Finalmente, Ana María Vidal, secretaria ejecutiva adjunta de la CNDDHH sostuvo que dicha organización está profundamente preocupada porque “no se avanza nada en materia de justicia” y espera que el tema no se vuelva a utilizar con fines electorales como sucedió en el año 2011. En ese año, Ollanta Humala, entonces candidato a la presidencia del Perú,  usó el caso de las esterilizaciones para atacar a su contrincante Keiko Fujimori; sin embargo, luego de resultar vencedor no se han realizado grandes avances sobre el caso.  Similar opinión tuvo Alfonso Ramos, hermano de una víctima de las esterilizaciones forzadas, quien sostuvo que “se estaría configurando un escenario de protección a determinadas candidaturas, porque en cinco meses ya tenemos elegida a la nueva autoridad nacional”.

 

FOTO: DEMUS