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El 21 de octubre del 1990, Ernesto Castillo Páez, estudiante de sociología de la Pontificia Universidad Católica del Perú, fue detenido y desaparecido por efectivos de la PNP comandados por el oficial Juan Carlos Mejía León. El proceso judicial por la desaparición de Ernesto duró más de 15 años donde se sentenció a los perpetradores en el 2006: el excoronel Mejía León a 16 años de prisión mientras que a  Carlos De Paz Briones y Juan Aragón Guibovich  a 15 años.

Esta  semana, el 10 de noviembre, contraviniendo lo dispuesto por la Sala Penal Nacional y por la Corte Interamericana de Derecho Humanos, el juez Ángel Mendívil Mamani del Segundo Juzgado Penal Nacional otorgó libertad condicional a Mejía León. Frente a esta decisión los familiares de Ernesto Castillo Páez denunciaron la irregularidad y gravedad de los hechos, en el marco de la conferencia de prensa realizada hoy en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

En opinión de Carlos Rivera, abogado de la familia y miembro del Instituto de Defensa Legal, la decisión del juez Mendívil compromete y afecta seriamente al país pues lo "desvincula del derecho internacional y del deber del Estado peruano sin ningún argumento y de la manera más infantil" al crear un mal precedente al otorgar beneficios en un caso de lesa humanidad.

Por su parte Ana María Vidal, secretaria adjunta de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, señaló que la liberación de los responsables de la desaparición de Ernesto Castillo "perpetúa la impunidad en torno al presente caso, así como en los otros 15 mil casos de peruanos y peruanas que han sido desaparecidos y cuyos restos aun no son encontrados".   De otro lado, Cronwel Castillo, padre de Ernesto, refirió que en su oportunidad planteó que perdonaría a Juan Mejía si él informaba donde se encontraban los restos de su hijo; asimismo, enfatizó que “vamos mantener nuestro reclamo, no vamos a descansar hasta que Juan Mejía diga donde esta Ernesto”.

Finalmente, Ana María Vidal denunció la gran impunidad existente en los casos de desapariciones forzadas y demás crímenes de lesa humanidad en el país así como la necesidad urgente de aprobar una ley de búsqueda de personas desaparecidas.

Con información de la CNDDHH