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Jueces de la Sala Penal Nacional establecieron que el asesinato de una anciana y la desaparición forzada de un menor de edad en Ayacucho en 1984 fue parte de una práctica sistemática del Ejército Peruano; no obstante, absolvieron a los 2 militares procesados por ambos crímenes.

 

El pasado martes 19 de enero de 2016, la Sala Penal Nacional emitió la sentencia del Caso Parccocucho, donde los hechos ocurrieron durante el conflicto armado interno en el distrito y provincia de Vilcashuamán, en Ayacucho.

 

Los hechos

Según la denuncia fiscal, el 4 de febrero de 1984, miembros de la Base Militar de Vilcashuamán ingresaron a la vivienda de Fortunata García, quien entonces tenía 80 años de edad, y la desnudaron, torturaron, violaron sexualmente con una vara caliente y quemaron viva. Los implicados trasladaron el cuerpo de Fortunata a orillas del Río Pampas donde posteriormente fue dinamitado.

El 22 de julio del mismo año, efectivos de la Base Militar de Sachabamba intervinieron un camión en la ruta Sachabamba-Huamanga donde detuvieron a Aquilino Bautista, quien tenía 14 años de edad, y lo llevaron al Colegio Agropecuario Ricardo Bautista Rivero, lugar donde se ubicaba la base militar. Días más tarde, los efectivos confirmaron a la madre y a la hermana de Aquilino, quien fue testigo de la detención, que el menor sería liberado. 

Luego de 30 años de ocurridos los hechos, la Primera Fiscalía Superior Penal Nacional denunció a Adrián Román Fernández y a César Espejo López como autores mediatos por homicidio calificado y desaparición forzada. Se solicitó 25 años de prisión y el pago de una reparación civil de 80 mil soles. Ambos acusados laboraron en el Batallón de Infantería Motorizado (BIM) 34 de Cangallo, fortín militar del que dependían las bases de Vilcashuamán y Sachabamba.

 

Preocupante y contradictoria sentencia

En el fallo de la Sala Penal Nacional, los jueces decidieron absolver a los acusados sustentando que ambos laboraban en el BIM de Cangallo mientras que los autores de los crímenes se desempeñaban en las bases de Vilcashuamán y Sachabamba. Sin embargo, los jueces determinaron que los hechos fueron de autoría de los agentes del Estado de dichas bases y ordenó a la Fiscalía hallar a los verdaderos responsables del asesinato de Fortunata García y de la desaparición de Aquilino Bautista para realizar una nueva investigación penal.

Para Hernán Barrenechea, abogado de la Comisión de Derechos Humanos (COMISEH), institución a cargo de la defensa de la familia de Fortunata García, la sentencia es "contradictoria". Barrenechea observa que, si bien los jueces determinaron que se trataban de "prácticas sistemáticas" cometidas por agentes del Estado, absolvieron a los procesados sustentando que nunca hubo una orden desde Cangallo a las otras bases para cometer ambos crímenes.

El abogado de COMISEDH advirtió que es "preocupante" que los jueces exijan la existencia de una orden expresa de altos mandos del Ejército para cometer una ejecución extrajudicial o desaparición forzada durante el conflicto armado interno. "Va a ser inviable" responsabilizar a los autores de los crímenes si se necesita presentar esas órdenes, señaló Barrenechea, quien también señaló que los jueces están pasando por alto otras pruebas que indican responsabilidad de los efectivos procesados.

COMISEDH interpondrá un recurso de nulidad en la sentencia del Caso Parccocucho.

 

Con información de Comisedh.

Imagen: COMISEDH