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El proyecto de ley sobre acoso político, impulsado por la congresista Verónika Mendoza y respaldado por las congresistas Rosa Mavila, Ana María Solórzano y Claudia Coari,  propone sancionar con penas de cárcel entre 2 a 3 años o el pago de una multa de 300 hasta 700 días. 

 

Esta iniciativa busca prevenir, sancionar y erradicar  la discriminación y violencia ejercida contra las mujeres y garantizar el ejercicio de sus derechos políticos. Este proyecto de ley busca proteger a mujeres autoridades, candidatas, representantes de organizaciones políticas, sindicales, sociales, estudiantiles, entre otras.

El proyecto de ley sobre acoso político se respalda en un estudio que realizó la organización feminista Flora Tristán junto a Diakonía y Calandria en el 2011 y que fue presentado al año siguiente a raíz de los casos de acoso político reportados por la Red Nacional de Mujeres Autoridades.

 

Cifras y testimonios 

El último reporte del Jurado Nacional de Elecciones indica que de cada 10 mujeres candidatas en el último proceso electoral señalaron haber sido víctimas de algún tipo de agresión. Asimismo, se ha demostrado que 2 de 5 mujeres autoridades sufren de acoso político. Entre los casos de acoso político hacia mujeres se presentan situaciones de maltrato físico, agresiones verbales y de carácter sexual así como el menosprecio de la capacidad de gestión. 

Una consejera de Ayacucho manifestó que el alcalde decía "si las mujeres no están capacitadas para ser funcionarias deben ir a su casa a lavar y cocinar". Otra mujer autoridad de Apurímac contó que el alcalde  y los regidores "decían y querían que yo me encargue de organizar el almuerzo". El testimonio de una regidora distrital de Cusco señala que la acusaron de tener una relación sentimental con el alcalde y que tuvo que hacer una prueba de paternidad a su hijo como respuesta a los hostigamientos de la esposa del alcalde.

Por otro lado, existen casos de mujeres autoridades que respondieron a los maltratos a través de denuncias pero que no prosperan. Una regidora provincial de Apurímac denunció "el maltrato físico por parte del alcalde" ya que se dieron agresiones verbales injuriosas y sexuales. Mientras que otra regidora contó que el alcalde la llamaba analfabeta a pesar de haber estudiado en el mismo colegio y tener la misma instrucción académica; esta regidora de Huancavelica señaló que además su esposo le quitó apoyo económico desde que es regidora y que tiene miedo de reclamar.

 

Este proyecto de ley fue presentado en 2012 pero es en diciembre de 2014 que fue aprobado de manera unánime por la Comisión de la Mujer y la Familia. Frente a los cuestionamientos sobre si esta ley es para favorecer a la primera dama debido a los constantes cuestionamientos por sus lujosas compras con una tarjeta de crédito,  Ana Luna Guillén, representante de Flora Tristán, afirma que las fechas de aprobación del proyecto demuestran que no es una ley a favor de la primera dama.

El acoso político hacia mujeres ya está legislado en países como México y Bolivia. En Perú, las regiones San Martín y Puno disponen de una resolución que sanciona el acoso político. Sobre el proyecto de ley, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la Defensoría del Pueblo y Transparencia tienen una opinión favorable.