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Miembros de la Asociación de Mujeres afectadas por la Esterilización Forzada de Cusco (AMAEF)  y del Comité de Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres Esterilizadas de Huamcabamba (CDHME-Hbba) presentaron su testimonio ante foro sobre esterilizaciones forzadas a fin de narrar los procedimientos médicos que les realizaron, las consecuencias en materia de salud física y metal que hasta la actualidad enfrentan y denunciar la poca respuesta que han obtenido desde el Estado.

El día lunes 6 de julio se desarrolló en el Congreso el “Foro sobre Derechos Humanos de las mujeres. Perú: Esterilizaciones forzadas- 18 años sin justicia”. El evento fue organizado por la Parlamentaria Andina  Hilaria Supa Huamán en coordinación con la Asociación de Mujeres afectadas por la Esterilización Forzada de Cusco (AMAEF) y el Comité de Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres Esterilizadas de Huamcabamba (CDHME-Hbba).

En el evento fueron las propias víctimas quienes informaron sobre la situación actual del caso de Esterilizaciones Forzadas cometidas durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori. Este hecho fue denunciado como delito de lesa humanidad pero fue archivado el 22 de enero de 2015 por la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima a cargo del Fiscal Provincial Titular, Marco Guzmán Baca.

El Defensor del Pueblo, Eduardo Vega Luna, señaló que los principales problemas en la aplicación de la política pública de planificación familiar implementada desde 1996-2000 fueron: 

1. Falta de garantías para la libre elección y de consentimiento libre e informado. Por ejemplo, ausencia de consejería previa,  elecciones alternativas y presión por parte de funcionarios médicos.

2. Campañas exclusivas de  ligaduras de trompas en desmedro de métodos temporales y dirigidas a sectores de escasos recursos de zona rural.

3. Cobros indebidos

4. Falta de seguimiento post operatorio a las usuarias de las intervenciones quirúrgicas

5. Tendencia compulsiva en la aplicación del programa de salud reproductiva y familiar 1996-2000.

 

Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar

Durante el gobierno de Alberto Fujimori se aplicó el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PNSRPF-1996-2000). La implementación de dicho programa fue realizada de manera irregular y coercitiva, lo que ocasionó que hombres y mujeres de zonas andinas rurales y del norte del país fueran esterilizados de manera forzada y masiva.

A finales de la década de los noventa, un grupo de mujeres de Anta realizó la denuncia pública de esterilizaciones forzadas en diversos establecimientos médicos. Se denunció que las intervenciones quirúrgicas fueron realizadas sin consentimiento a mujeres de zonas marginales y en su mayoría quechuahablantes. Además, ellas fueron esterilizadas en un marco de presión, hostigamiento, ausencia de información, amenazas y engaños.

El resultado de la aplicación de este programa fue la vulneración de los derechos humanos de, aproximadamente, 370 mil mujeres de los sectores más pobres del país. 

 

Respuesta del Estado

“¿Y cuál es la respuesta de las autoridades?” Era una de las preguntas más recurrentes en los testimonios de las mujeres esterilizadas. 

Mientras las mujeres víctimas de esterilización forzada, que brindaron sus testimonios, esperaban respuestas contundentes, los  representantes del Estado manifestaron que es lamentable reconocer que aún no se logra atender de manera eficiente estos casos.

Por ejemplo, la representante del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Silvia Loli, señaló que dicho sector viene presionando y solicitando información para conocer las acciones que se realizan en materia de reparación. Por otro lado, el representante del Ministerio de Salud brindó información sobre convenios a nivel de Lima pero no sobre el trabajo en provincias.

Loli también indicó que, si bien es cierto que el MIMP se encarga de establecer normas y disposiciones de cómo se debe actuar y brindar asesoría técnica a distintos niveles de gobierno, existen otras entidades a las que les corresponde dar respuestas.

 

Deficiencia en la investigación

Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal, sostuvo que las investigaciones realizadas por las autoridades son deficientes, como la del fiscal Marco Guzmán Baca, y ello da la oportunidad de exigir que se reabra el caso.

La esterilización forzada es un delito de lesa humanidad y por tanto es imprescriptible.  

Además, Rivera sostiene que las declaraciones brindadas por las mujeres agraviadas fueron realizadas en ausencia de intérpretes, no todas las denunciantes fueron evaluadas por médicos legistas y todavía faltan mujeres que tienen que ser evaluadas.

 

Campañas de solidaridad

Varias  organizaciones de la sociedad civil vienen formulando y ejecutando campañas con la participación de las mujeres afectadas con el fin de que se reabra el caso para que el Estado responda por la demanda de violación de los derechos humanos y la dignidad de las agraviadas.

Proyecto Quipu, por ejemplo,  emplea una línea de teléfono, un documental web interactivo, una campaña radial y un largometraje para difundir los testimonios de las mujeres y hombres afectados. "Mi cuerpo, Mis derechos" es una campaña de Amnitía Internacional que exige a los países poner fin al uso ilegítimo de la legislación penal para controlar la sexualidad y la reproducción. Otro aporte de visibilización y denuncia del caso es el de la organización Documental Peruano ya que realizó numerosos documentales sobre las esterilizaciones forzadas en Piura.

 

 

FOTO: Amnistía Internacional