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Denuncia del diario La República sobre el favorecimiento de un militar implicado en la desaparición forzada de 4 pobladores de Matero, Ayacucho, provocó que los familiares del caso se manifiesten en el frontis de la Sala Penal Nacional.

 

En 1986, en la localidad de Matero, Ayacucho, agentes militares desaparecieron a Martín Escriba Pillaca, Melchor Tineo Pérez, Seferino Quispe Pillaca y Albino Quino Sulca. El 2010, la Sala Penal Nacional absolvió a los efectivos militares Carlos Armando Bardales Angulo, Marino Nemesio Ambía Vivanco y al efectivo policial Javier Augusto Culquicóndor Díaz, quienes eran señalados como presuntos responsables de la detención y desaparición forzada de las cuatro víctimas.

Francisca Anampa se encontraba con su bebé de 6 meses y su hija de 12 años cuando fue llevada por los militares a la base militar de Cangallo. Ella asegura que en ese lugar vio a Seferino Quispe Pillaca y se enteró que a su esposo, Albino Quino Sulca, de 34 años, también había sido detenido. “A él se lo llevaron detenido en una batida pero antes me habían agarrado a mí. Me llevaron a Cangallo con [Seferino Quispe] Pillaca y por mis dos hijos me dejaron”, recuerda Francisca quien viajó a Lima en 1990 para buscar justicia y criar a sus 6 hijos. “Nosotros no tenemos ni un hueso de ellos. Todos los familiares nos sentimos indignados por tanta corrupción pero ahora que se sabe queremos que se investigue a fondo“.

El pasado 11 de julio de 2015, el diario La República difundió correos electrónicos que revelan coordinaciones y entrega de dinero para los magistrados de la Sala Penal Nacional a cargo del caso Matero para favorecer al general Marino Ambía, quien se desempeñaba como teniente en la base militar de Cangallo.

 

Presunto acuerdo

“Los correos que se han publicado dan a entender que demuestran que hubo coordinación y conspiración activa para garantizar la impunidad. Mi preocupación es que esa práctica sea extendida. No sabemos, hasta el momento, la profundidad de este problema pero lo que sí sabemos es que en el Perú, desde hace ya varios años, la Sala Penal viene absolviendo a imputados en casos de violaciones a derechos humanos utilizando argumentos jurídicos poco serios”, manifestó Jo Marie Burt, reconocida  especialista en asuntos del Perú y asesora principal de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos.

Por otro lado, Gloria Cano, abogada y directora de la Asociación Pro Derechos Humanos, señaló que se solicitará una investigación sobre la actuación de las juezas Mirta Bendezú, la doctora María Vidal y Rosa Amaya en la absolución de Mariano Ambía. “Todas las personas que buscan justicia merecen tener un tribunal imparcial y no creemos que los tribunales compuestos por la doctora Mirtha Bendezú o la doctora María Vidal tengan las características de un tribunal imparcial”, manifestó Cano.

 

Testimonio desestimado y demanda de los familiares

A raíz de la denuncia del diario La República, los familiares y las organizaciones de derechos humanos buscan sanción para los responsables y que se separe a las juezas de los casos de violaciones a los derechos humanos. Además, si la investigación sobre corrobora la denuncia del diario existen posibilidades para que el caso se reabra.

“El caso Matero está concluido y, de comprobarse la actuación de las magistradas, habría salido enormemente perjudicado porque ocultaron a uno de los testigos claves en la desaparición de las 4 personas”, indica la directora de Aprodeh.

La importancia del testigo es mencionada en el siguiente párrafo de la investigación de La República:

  • “En este correo también se indica que un testigo (Luis Tinco Cuya) llegó al tribunal con información y pruebas que acreditan la participación en los hechos del general Ambía y del coronel EP Carlos Bardales Angulo, pero que no se recibió oficialmente su testimonio y lo regresaron a Ayacucho.”

Frente a ello, Burt expresa su preocupación ante esta práctica de la Sala ya que “desconoce el valor de un testimonio cuando, Muchas veces, ellos [los familiares de las víctimas] son los únicos presentes”.  En este caso, reflexiona Burt, “la jueza no desechó el testimonio como prueba sino que lo desestimó para generar duda sobre el imputado”.

 

Corrupción e impunidad

María Ysabel Cedano, directora del Estudio para la Defensa de la Mujer, lamentó que “de 200 juicios por lesa humanidad solo sean sentenciados el 9% y que de 275 sentenciados por violación de derechos humanos 223 fueran absueltos. Esta denuncia revela la relación entre la corrupción y la impunidad generada por la propia Sala Penal en los casos de violación de derechos humanos”. Sin embargo, Cedano destacó y saludó el compromiso del diario La República por difundir este acto de corrupción que afecta el acceso a la justicia en los casos de derechos.

Finalmente, Burt resaltó que este hecho es una grave afrenta a los derechos de las víctimas y a la sociedad peruana “porque significa una burla y un gran paso en retroceso para el Perú en la búsqueda de la verdad, la justicia y reconciliación para los crímenes del pasado”.