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El próximo viernes 14 de agosto de 2015, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) presentará su Informe Anual 2014-2015 que contará con la presentación de Jorge Bracamonte, Secretario Ejecutivo de la CNDDHH, y Rocío Silva Santisteban, ex Secretaria Ejecutiva de la CNDDHH. Además, los hallazgos del informe serán comentados por Eduardo Dargent, politólogo y analista, y  Jo-Marie Burt, asesora principal de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos.

 

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos presentará su Informe Anual sobre la situación de los derechos humanos en el Perú durante el 2014 y los primeros meses del 2015. Este año, en el Informe Anual se presentarán datos acerca la vulneración de los derechos civiles y políticos, el seguimiento recomendaciones post CVR, la criminalización de la protesta, entre otros.

Como parte de la información presentada acerca de la conflictividad social, la CNDDHH presentará una detallada lista sobre los 142 civiles muertos por uso abusivo de la fuerza en conflictos sociales. A esa cifra hay que añadir la reciente muerte de Edward Soto de la Cruz (41) en La Oroya, quien participaba de las protestas contra la contaminación de la empresa Doe Run. Esta lista presenta datos desde el año 2002 hasta la actualidad.

 

La conflictividad social en cifras

El reporte elaborado por Mar Pérez, responsable del Área de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CNDDHH, hace un llamado de atención al actual gobierno en cuanto al objetivo de la estrategia del diálogo en las situaciones de conflictividad social. Según indica el informe, esta estrategia estaría “orientada a disminuir el nivel de movilización de los ciudadanos, sin dar una salida de fondo a los problemas estructurales” lo que significa “vulneración de derechos, especialmente aquellos relacionados con el ejercicio de la ciudadanía ambiental y los derechos territoriales de los pueblos indígenas”.

Por otro lado, el informe revela que “la conflictividad socioambiental supone más del 60% de los conflictos, y se ha incrementado de 118 conflictos a 141 durante el actual gobierno. Además, el reporte de Pérez sobre conflictos sociales advierte que el uso abusivo de la fuerza “tiene un carácter marcadamente discriminatorio, ya que la violencia empleada para reprimir las protestas es muy superior en las zonas rurales e indígenas del país. Ni una sola de las muertes mencionadas por excesos policiales ha ocurrido en la capital”.

Durante los tres últimos periodos presidenciales, 138 civiles perdieron la vida a manos de las fuerzas del orden en contextos de protesta social. Durante el gobierno de Alejandro Toledo murieron 17 personas por uso abusivo de la fuerza, 80 durante el segundo gobierno de Alan García y, hasta la fecha, 45 personas murieron en el gobierno de Ollanta Humala.

 

Recomendaciones

Rocío Silva Santisteban, ex Secretaria Ejecutiva de la CNDDHH, recomendó que el Estado peruano derogue las normas que permiten que la Dirección de Operaciones Especiales (DINOES) “sea guachimanes de las empresas”. Además, Silva Santisteban recomienda al Estado que apoye la propuesta de una Convención sobre Empresas y DDHH que diferentes organizaciones están promoviendo en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En el 2014, la ONU aprobó 2 resoluciones sobre empresas y derechos humanos que proponen la elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en materia de derechos humanos así como el fortalecimiento del Grupo de Trabajo de la ONU sobre empresas y derechos humanos en la implementación de principios rectores.

Por otro lado, ya que el 60% de los conflictos sociales son de carácter socioambiental, el Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas de la CNDDHH recomienda que se derogue la ley Nº 30230 ya que afecta seriamente a los derechos de los pueblos indígenas así como la organización de procesos de consulta en todas las etapas de los proyectos que puedan afectar sus derechos o territorio.

Esta ley, que 2014 fue aprobada en el 2014,  ha debilitado al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) en sus facultades de evaluación y fiscalización ambiental. El informe del Grupo de Trabajo señala que “esta norma debió ser consultada a los pueblos indígenas porque vulnera el derecho a su territorio y establece procedimientos especiales para el saneamiento físico-legal de predios involucrados en el desarrollo de proyectos de inversión que también pueden afectarles”.

 

El evento se realizará el día viernes 14 de agosto a las 6:00 p.m. en la Av. Brasil 3169, Magdalena del Mar (local de la Derrama Magisterial).

Ver el informe completo aquí: http://bit.ly/1J21nEw